La situación actual de las criptomonedas en Japón

El panorama de las criptomonedas en Japón, a pesar de las recientes propuestas para reformar su marco tributario, se enfrenta a desafíos subyacentes que trascienden las cuestiones fiscales. La Agencia de Servicios Financieros (FSA) ha sugerido una reclasificación integral de los activos digitales, proponiendo una tasa impositiva plana del 20% sobre las ganancias cripto y facilitando la introducción de fondos cotizados en bolsa (ETF) de criptomonedas. Esta medida se percibe como un alivio significativo si se compara con el sistema progresivo anterior, que aplicaba tasas de hasta el 55% sobre las ganancias cripto, una política que muchos consideraban un desincentivo considerable para la inversión en el mercado de activos digitales.

Sin embargo, la inercia institucional y una mentalidad cultural profundamente arraigada en la aversión al riesgo se perfilan como los principales obstáculos para el desarrollo pleno del sector cripto en el país. Esta situación se agudiza cuando consideramos la postura del Primer Ministro Shigeru Ishiba, quien ha expresado reticencias sobre la necesidad de que el gobierno promueva los activos digitales de la misma manera que las inversiones tradicionales. Esta actitud, sumada a la inestable configuración política del país tras recientes elecciones, subraya una constante cautela que parece dominar la agenda regulatoria.

La arraigada cautela regulatoria: un freno a la innovación

La reticencia de Japón a aprobar productos financieros como los ETF de Bitcoin es, en esencia, un síntoma de una problemática más profunda. La filosofía regulatoria del país no se limita únicamente a la protección del consumidor, sino que se enmarca en una cultura de cumplimiento que prioriza la minimización del riesgo a toda costa. Esta mentalidad, más que las elevadas tasas impositivas, es lo que verdaderamente frena la innovación en el ecosistema de activos digitales. La ironía reside en que Japón, en su momento, fue un pionero en la regulación cripto, reconociendo las criptomonedas como medio de pago en 2017 y estableciendo una de las primeras infraestructuras regulatorias del mundo.

A pesar de esta ventaja inicial y de algunos avances recientes, como la significativa inversión en Bitcoin por parte de Metaplanet al acumular casi 2.000 millones de dólares en BTC, y el progreso en la infraestructura de pagos y stablecoins con acuerdos de Sumitomo Mitsui con Ava Labs y Fireblocks, el laberinto burocrático sigue siendo un impedimento. Las startups emergentes en el sector de activos virtuales se enfrentan a requisitos draconianos que incluyen:

• Amplia documentación
• Una cuenta bancaria local
• Un equipo de cumplimiento con sede en Japón
• Un capital mínimo de 10 millones de yenes

Estos requisitos, si bien buscan proteger a los usuarios, a menudo sofocan la capacidad de las empresas para innovar y competir. Parece haber una desconexión entre los reguladores y los desarrolladores, donde las normativas se diseñan sin una comprensión profunda de las realidades y las limitaciones técnicas del sector.

La imperiosa necesidad de un cambio de enfoque

Para que Japón transite de la mera conformidad a una verdadera competitividad en el ámbito global de los activos digitales, es fundamental que reconsidere algunas de sus aproximaciones históricas. Una reforma clave sería abandonar el modelo de pre-aprobación y adoptar un sistema más ágil que permita a las plataformas la emisión de tokens con auditorías posteriores al lanzamiento. Esto implicaría que los tokens solo necesiten cumplir con requisitos mínimos de divulgación y seguridad para ser listados, con auditorías regulatorias y técnicas completas realizadas dentro de los 30 días posteriores al lanzamiento. Este enfoque preservaría la protección del inversor mediante sanciones por auditorías fallidas y la autoridad para eliminar listados, al tiempo que reduciría drásticamente los plazos de listado.

Adicionalmente, se sugiere la implementación de entornos de pruebas regulados dinámicos (sandboxes) que puedan emplear pruebas de conocimiento cero (ZKP) para una verificación que preserve la privacidad. Una inyección de capital estatal también podría ser un catalizador, como la creación de un fondo de 500 millones de dólares gestionado por la FSA para apoyar directamente a las startups Web3 que cumplan con los estándares de seguridad.

Hacia una colaboración regulador-industria

Para superar el aislamiento burocrático, los reguladores financieros japoneses deberían integrar a fundadores de empresas tecnológicas en sus juntas asesoras. Esta medida proporcionaría una visión de primera mano sobre los puntos débiles de la industria, permitiendo la formulación de políticas que atiendan las necesidades del usuario final, en lugar de centrarse únicamente en la defensa del statu quo. Estas reformas no son demandas revolucionarias; de hecho, ya son prácticas estándar en jurisdicciones que lideran la adopción global de criptomonedas.

El futuro de Japón en el espacio cripto está en un punto de inflexión. Con el resurgimiento de partidos populistas que abogan por una retórica de “Japón Primero”, el clima político podría propiciar una era más favorable a la innovación si la administración actual cede el paso. Sin un cambio en el ADN de aversión al riesgo de sus reguladores, la reforma fiscal será meramente superficial, los ETF continuarán en el limbo, y la ventaja inicial de Japón en el mundo de las criptomonedas corre el riesgo de desvanecerse en la historia. Los ojos de la comunidad cripto internacional están puestos en Japón, esperando ver si el país es capaz de superar sus barreras culturales y regulatorias para abrazar plenamente el potencial de la economía digital.