Un tribunal federal en Nueva York ha dictaminado la descongelación de USD $57 millones en tokens USDC que habían sido bloqueados en dos billeteras digitales. Estos activos están directamente relacionados con el escándalo del token LIBRA, un proyecto que captó la atención pública en Argentina y dio lugar a una significativa controversia política y legal.

La decisión, emitida por la jueza federal Jennifer L. Rochon, revierte una orden de restricción temporal que había sido impuesta en junio, inhabilitando el acceso a estos considerables fondos. Esta medida cautelar inicial fue resultado de una demanda colectiva interpuesta contra los promotores y asociados del token LIBRA, buscando resarcir las pérdidas de los inversores.

Contexto de la congelación inicial de los fondos

En mayo de 2024, aproximadamente USD $57 millones en USDC, la popular stablecoin, fueron congelados por Circle, la entidad emisora de USDC. Esta acción se llevó a cabo en respuesta a una orden judicial emitida por un tribunal federal de Nueva York. Los fondos estaban contenidos en dos billeteras digitales vinculadas directamente con el caso LIBRA y sus principales figuras.

La orden de congelación surgió en el marco de una demanda colectiva que acusa a varias partes involucradas en la promoción y desarrollo del token LIBRA. Entre los demandados se encuentran Hayden Davis, asesor y promotor principal de LIBRA; Ben Chow, ex director ejecutivo del intercambio descentralizado Meteora; la empresa de infraestructura blockchain KIP Protocol; y su cofundador, Julian Peh. Los demandantes buscan una compensación superior a USD $100 millones por las pérdidas sufridas tras el colapso del proyecto.

Argumentos para la reversión de la orden

La jueza Jennifer L. Rochon, al justificar su decisión de levantar la orden de restricción, señaló que no existe un riesgo patente de que los acusados dispongan de los activos de manera perjudicial en el corto plazo. Esta evaluación, según el informe de Law360 y reseñado por medios como Cointelegraph, fue un factor clave para no justificar la prolongación de la congelación de los fondos.

Además, la jueza expresó un notable escepticismo respecto a las probabilidades de éxito de la demanda colectiva en su fase actual, aunque aclaró que el caso aún se encuentra en sus etapas iniciales. Esta postura sugiere que, por el momento, la acción no cumple con los criterios necesarios para mantener una medida cautelar tan restrictiva.

Gracias a esta determinación judicial, Hayden Davis y Ben Chow recuperan el acceso a los USD $57.6 millones en USDC que se encuentran en las billeteras previamente restringidas. Esta resolución es un giro significativo en el complejo entorno legal que rodea al polémico token LIBRA.

El impacto del escándalo LIBRA en Argentina

El token LIBRA, lanzado en febrero de 2025, fue inicialmente presentado como una iniciativa para apoyar a pequeñas y medianas empresas en Argentina. Sin embargo, su lanzamiento fue seguido por un colapso abrupto, perdiendo más del 90% de su valor en cuestión de horas. La capitalización de mercado del token se desplomó de USD $1.17 mil millones a unos USD $33 millones, según datos de DEX Screener, generando una fuerte conmoción en el mercado de criptoactivos.

Este incidente pronto fue calificado como un posible “rug pull” o tirón de alfombra, una maniobra fraudulenta común en el espacio cripto donde los desarrolladores abandonan el proyecto y venden masivamente sus tokens, resultando en pérdidas para los inversores. Las acusaciones apuntaron a que personas internas con información privilegiada habrían realizado ventas masivas tras el pico de valor del token, obteniendo ganancias ilícitas por alrededor de USD $107 millones.

El escándalo adquirió una dimensión política en Argentina debido a la participación inicial del presidente Javier Milei, quien promocionó el token en la red social X (anteriormente Twitter). Aunque posteriormente borró la publicación y se desvinculó del proyecto, afirmando que solo había “difundido la palabra” sobre una iniciativa privada, su implicación generó una investigación en el Congreso argentino por posibles violaciones éticas.

A pesar de las acusaciones y la investigación inicial, el gobierno de Milei optó por cerrar la unidad estatal encargada de investigar el caso LIBRA, lo que provocó críticas y acusaciones de encubrimiento. La Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina declaró en junio que el presidente Milei había actuado a título personal al promover la criptomoneda, semanas después de la decisión gubernamental de finalizar la investigación oficial.

Estado actual de las demandas y futuras implicaciones

Paralelamente a la controversia alrededor de la descongelación de los activos, la demanda colectiva presentada por los bufetes Burwick Law y Treanor Law contra los promotores de LIBRA sigue en curso. Esta acción legal busca obtener compensaciones para los inversores que sufrieron pérdidas cuantiosas.

Recientemente, Hayden Davis intentó desestimar la demanda en su contra, pero su moción fue rechazada por considerarse procesalmente irrelevante en la etapa actual del litigio. A su vez, una investigación paralela en un tribunal penal federal en Argentina continúa con las indagaciones sobre el caso LIBRA, lo que sugiere que las repercusiones legales del escándalo están lejos de concluir.

La decisión de la jueza Rochon de descongelar los fondos de USDC, aunque significativa, representa solo un capítulo más en una compleja saga legal y política que subraya los riesgos inherentes a la inversión en criptoactivos y la necesidad de una mayor claridad regulatoria y transparencia en el sector.