Claridad para el desarrollo de contratos inteligentes: La postura del DOJ

El Departamento de Justicia (DOJ) de Estados Unidos, a través de su director de la División Criminal, Matthew Galeotti, ha emitido una aclaración significativa sobre la responsabilidad penal de los desarrolladores de código y creadores de contratos inteligentes. Esta guía proporciona un marco más definido para la comunidad de desarrolladores en el espacio de los activos digitales, al afirmar que la mera creación de código, sin una intención delictiva explícita, no constituye un crimen.

Durante su intervención en la Cumbre del American Innovation Project el 21 de agosto, Galeotti enfatizó que

“nuestra perspectiva es que simplemente escribir código sin mala intención no es un crimen. Innovar nuevas formas para que la economía almacene y transmita valor y cree riqueza sin mala intención no es un crimen.”

Este pronunciamiento representa la orientación más explícita hasta la fecha del Departamento de Justicia respecto a la responsabilidad de los desarrolladores en el ecosistema de los activos digitales.

Límites de la responsabilidad penal de los desarrolladores

La División Criminal del DOJ ha abordado directamente las inquietudes de la industria en relación con la potencial responsabilidad penal de los desarrolladores de contratos inteligentes por operar negocios de transmisión de dinero sin licencia. Galeotti subrayó que los desarrolladores que contribuyen con código a proyectos de código abierto, sin una intención criminal específica, no incurrirán en responsabilidad por colaborar o encubrir actividades ilegales.

Según Galeotti:

“Si un desarrollador simplemente contribuye con código a un proyecto de código abierto sin la intención específica de asistir en una conducta criminal, facilitar o encubrir un crimen particular, o unirse a una conspiración criminal, no es penalmente responsable.”

Es fundamental destacar que las acusaciones de complicidad y las imputaciones por conspiración requieren que los fiscales demuestren una intención específica. Esto establece un estándar probatorio elevado para los casos que involucran a desarrolladores, asegurando que las acciones sean juzgadas por el verdadero propósito detrás de ellas.

Esta orientación surge como respuesta directa a las preocupaciones planteadas por la defensa, que advertían sobre la posible responsabilidad penal de desarrolladores de contratos inteligentes y editores de código que no participan directamente en transacciones de igual a igual (P2P). La División Criminal reconoció que estas son “cuestiones complejas de derecho y de hecho” que exigen una evaluación rigurosa caso por caso.

Protecciones contra cargos de transmisión de dinero sin licencia

En el contexto de los cargos por transmisión de dinero sin licencia, bajo el código 18 USC 1960, el DOJ ha indicado que no se procesarán violaciones regulatorias si no hay evidencia de que los acusados conocían los requisitos legales específicos y los violaron voluntariamente. Galeotti proporcionó protecciones explícitas para el software verdaderamente descentralizado que automatiza transacciones P2P sin la custodia o el control de activos de usuario por parte de terceros:

“Cuando la evidencia demuestra que el software es verdaderamente descentralizado y únicamente automatiza transacciones P2P, y donde un tercero no tiene custodia ni control sobre los activos de los usuarios, no se aprobarán nuevos cargos bajo la sección 1960(b)(1)(C) contra un tercero.”

Esta directriz se alinea con las orientaciones regulatorias previas que sugieren que el software criptográfico no custodial no debería ser considerado como una transmisión de dinero sin licencia. Además, Galeotti estableció principios claros que distinguen entre el desarrollo legítimo y la conducta criminal. Argumentó que los desarrolladores de herramientas neutrales, sin intención criminal, no deberían ser responsabilizados por el mal uso de sus creaciones por parte de terceros. Cuando terceros violen la ley penal utilizando herramientas desarrolladas por otros, los fiscales deberían dirigirse a la parte que ha cometido el delito, en lugar de a los creadores con buenas intenciones.

Enfoque neutral del DOJ y futuras implicaciones

El oficial del DOJ describió el enfoque “tecnológicamente neutral” de su departamento, que trata los delitos relacionados con activos digitales de manera idéntica a las infracciones financieras tradicionales, al tiempo que protege la innovación lícita de un alcance regulatorio excesivo. Esto implica un compromiso con la flexibilidad y la comprensión de las nuevas tecnologías, asegurando que la aplicación de la ley no frene el progreso tecnológico. La postura del DOJ es de suma importancia para un sector en rápido crecimiento como el de los activos digitales.

Al establecer límites claros y enfatizar la importancia de la intención delictiva, se espera fomentar un entorno más seguro y predecible para la innovación. Los desarrolladores ahora tienen una base más sólida para comprender sus responsabilidades, lo que podría impulsar una mayor adopción y desarrollo de proyectos abiertos y descentralizados sin el temor constante a posibles ramificaciones legales. Este enfoque busca equilibrar la necesidad de proteger a los consumidores y prevenir delitos financieros con el deseo de no sofocar la innovación, un desafío constante en el panorama regulatorio actual.