Estableciendo nuevos

El 20 de agosto, legisladores en Pensilvania introdujeron una propuesta de ley que busca establecer límites y requisitos de transparencia para los funcionarios públicos en relación con sus tenencias y transacciones de activos digitales. Esta iniciativa, que ha sido referida al Comité de Gobierno Estatal, tiene como objetivo principal revisar y actualizar el Título 65 de los Estatutos Consolidados de Pensilvania referente a los estándares de ética para los servidores públicos.

La legislación propuesta, identificada como HB1812, incorpora una definición explícita de “activos digitales” que abarca una amplia gama de instrumentos, incluyendo las criptomonedas y los tokens no fungibles (NFTs). Este paso es crucial para adecuar la normativa a la creciente popularidad y adopción de estos activos en el ámbito financiero.

Requisitos de divulgación y desinversión de activos digitales

Uno de los pilares fundamentales de la HB1812 es la obligación para los funcionarios públicos de reportar cualquier interés financiero en activos digitales que supere el valor de 1.000 dólares. Este umbral, coherente con los estándares de divulgación financiera que ya se aplican a otras categorías de inversión, busca asegurar una transparencia comparable en el ámbito de las criptomonedas.

Para aquellos funcionarios que ya posean activos digitales que excedan esta cantidad al momento de la entrada en vigor de la ley, se estipula un plazo de 90 días para desinvertir el remanente. Es importante destacar que los requisitos de divulgación no solo aplican a las tenencias directas, sino también a las inversiones realizadas a través de miembros de la familia inmediata, cerrando así posibles lagunas que pudieran facilitar el conflicto de intereses.

Además de las revelaciones, el proyecto de ley impone una prohibición explícita a los funcionarios públicos de realizar cualquier tipo de transacción con activos digitales durante su mandato y por un período de un año después de dejar el cargo. Esta restricción se extiende también a los familiares directos de los funcionarios, cubriendo un espectro amplio de posibles actividades financieras durante el servicio público y un año posterior a su finalización.

Consecuencias por incumplimiento y patrocinadores de la iniciativa

La nueva legislación en Pensilvania establece severas sanciones para aquellos que infrinjan sus disposiciones. Las violaciones relacionadas con los activos digitales se clasificarán como delitos graves, pudiendo acarrear multas de hasta 10.000 dólares o penas de prisión de hasta cinco años. Por otro lado, las infracciones a otras actividades restringidas implicarán sanciones civiles de hasta 50.000 dólares.

La HB1812 ha sido presentada por el representante Ben Waxman, quien cuenta con el apoyo de siete copatrocinadores, incluyendo a Freeman, Giral, Pielli, Probst, Hill-Evans, Sanchez, Otten y Briggs. Esta iniciativa demuestra una preocupación bipartidista por la ética en el servicio público, especialmente ante la creciente integración de los activos digitales en las carteras de inversión.

Se prevé un período de implementación de 60 días una vez que el proyecto de ley sea aprobado, lo que permitirá a los funcionarios y a las entidades pertinentes adaptarse a las nuevas regulaciones. Esta ley no solo busca mitigar posibles conflictos de interés, sino también fortalecer la confianza pública en la integridad de los funcionarios estatales.

Contexto federal y esfuerzos regulatorios similares

La propuesta legislativa de Pensilvania se alinea con una tendencia más amplia a nivel federal en Estados Unidos, donde también se están gestando esfuerzos para abordar la ética en el manejo de activos digitales por parte de los funcionarios. Estas iniciativas demuestran una creciente conciencia sobre la necesidad de adaptar el marco regulatorio a la evolución del panorama financiero digital.

• “Stop Presidential Profiteering from Digital Assets Act”: En mayo de 2025, el congresista Ritchie Torres propuso esta ley que busca prohibir a los funcionarios federales poseer o comerciar con criptomonedas mientras estén en el cargo.
• Ley COIN: Presentada en junio de 2025 por el senador Adam Schiff, esta legislación limitaría a presidentes, vicepresidentes, miembros del Congreso y sus familias de emitir, promover o beneficiarse financieramente de activos digitales durante su mandato y por dos años después de dejar sus puestos.
• Ley MEME federal: Introducida en febrero de 2025, esta ley tiene como objetivo específico evitar que los funcionarios gubernamentales obtengan beneficios de las memecoins y otras criptomonedas.

Estos esfuerzos regulatorios paralelos, tanto a nivel estatal como federal, subrayan la creciente preocupación por los posibles conflictos de interés que podrían surgir a medida que los activos digitales se consolidan como vehículos de inversión importantes, tanto para ciudadanos privados como para funcionarios públicos. La convergencia de estas iniciativas es un claro indicador de la dirección que está tomando la regulación en torno a la intersección entre el servicio público y la economía digital.

La HB1812 de Pensilvania representa un paso significativo en la adaptación de las normativas éticas para la era digital, buscando garantizar la transparencia y prevenir el uso indebido de información o influencia en relación con los activos digitales.