Un nuevo proyecto de ley presentado en Pensilvania busca imponer restricciones significativas a la posesión y transacción de criptomonedas por parte de funcionarios públicos y sus familiares. La propuesta, liderada por el representante demócrata Ben Waxman del Distrito 182, tiene como objetivo abordar posibles conflictos de interés y preocupaciones éticas asociadas con la participación de figuras públicas en el volátil mercado de activos digitales. Esta iniciativa, conocida como la Ley de la Cámara de Representantes 1812 (HB1812), ha generado debate sobre el equilibrio entre la libertad financiera individual y la integridad de la función pública.
Alcance y aplicación de la normativa propuesta
La HB1812 modificaría el Título 65 de los Estatutos Consolidados de Pensilvania, una sección dedicada a las provisiones éticas del estado. El núcleo de la propuesta radica en la prohibición de que funcionarios públicos y sus dependientes realicen transacciones relacionadas con criptomonedas que superen los $1,000, tanto durante su mandato como durante el año siguiente a la finalización de sus funciones. Este umbral busca prevenir el enriquecimiento personal a través de estas inversiones mientras se ocupa un cargo de influencia.
Además, aquellos funcionarios que ya posean criptomonedas al momento de la entrada en vigor de la ley estarían obligados a desinvertir sus activos en un plazo de 90 días. La ley contempla sanciones severas para quienes incumplan sus disposiciones, incluyendo:
- Multas que podrían ascender hasta los $50,000.
- En casos de violaciones graves, penas de prisión de hasta cinco años.
Actualmente, el proyecto de ley se encuentra en la Cámara de Representantes de Pensilvania, pendiente de revisión por parte de un comité antes de ser sometido a una votación en el pleno. Su aprobación marcaría un precedente importante en la regulación ética de los activos digitales para funcionarios estatales.
Fundamentos y motivaciones detrás de la iniciativa
El representante Waxman ha enmarcado la HB1812 como una respuesta directa a las crecientes preocupaciones éticas a nivel federal en relación con la participación de figuras públicas destacadas en el ecosistema cripto. Citó específicamente al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y sus incursiones en proyectos de criptomonedas, como los memecoins asociados a su nombre y las empresas bajo World Liberty Financial.
Estas actividades han suscitado críticas por la posible difuminación de la línea entre el deber público y el beneficio personal. Se han expresado inquietudes sobre presuntas pérdidas sufridas por inversores en proyectos cripto vinculados a figuras políticas, lo que ha impulsado llamados a una regulación más estricta para salvaguardar la integridad de los mercados y proteger a los ciudadanos.
Movimientos similares a nivel federal
Es importante destacar que la propuesta de Pensilvania no es un caso aislado. Varios legisladores demócratas en el Congreso de los Estados Unidos han planteado ideas similares, reflejadas en proyectos de ley como la Ley Stop TRUMP in Crypto y la Ley COIN. Estas iniciativas federales buscan prohibir explícitamente a figuras como el presidente, vicepresidente, miembros del Congreso y sus familiares, la emisión o promoción de tokens digitales mientras se encuentran en el cargo.
Figuras influyentes como la representante Maxine Waters han advertido sobre los riesgos inherentes de los tokens vinculados a personalidades políticas, señalando la posibilidad de que sean utilizados por actores extranjeros para influir o explotar los mercados financieros. Esta preocupación se integra en un esfuerzo más amplio por establecer “barreras de protección” en la intersección entre las divisas digitales y el servicio público.
Argumentos a favor y en contra de la HB1812
Los defensores de la HB1812 argumentan que es una medida ética fundamental que busca evitar que los servidores públicos se enriquezcan a través de esquemas de criptomonedas mientras están en el cargo. Subrayan la inherente volatilidad del sector de activos digitales y su relativa falta de regulación, características que consideran propicias para el abuso y los conflictos de interés. Para ellos, es una cuestión de transparencia y confianza pública.
Por otro lado, es probable que los oponentes del proyecto de ley planteen objeciones, argumentando que la normativa es demasiado amplia o que podría desincentivar la inversión privada legítima por parte de los funcionarios públicos. Si bien no se han detallado respuestas formales del partido republicano en la presentación inicial, estas preocupaciones suelen surgir en debates sobre restricciones financieras para servidores del estado.
La discusión en torno a la HB1812 en Pensilvania refleja un diálogo en curso a nivel global sobre cómo integrar la innovación de los activos digitales con los principios de gobierno ético y transparencia. A medida que el panorama de las criptomonedas evoluciona, los legisladores continúan buscando formas de mitigar riesgos mientras fomentan el desarrollo de tecnologías financieras responsables.
