La expansión soberana de Bitcoin más allá del curso legal

Un reciente informe del Bitcoin Policy Institute (BPI) ha puesto de manifiesto un cambio significativo en la relación de los estados-nación con Bitcoin. Lejos de limitarse a la discusión sobre el curso legal, la investigación sostiene que los países están explorando una gama más amplia de vías para integrar el activo digital. Estas incluyen desde la creación de reservas estratégicas y la minería soberana, hasta la incorporación en fondos de pensiones, fondos soberanos de riqueza y la aceptación de impuestos. Los autores del estudio, Jake Langenkamp y Renee Sorchik, describen este fenómeno como una carrera gamificada entre gobiernos, por obtener una ventaja en el panorama emergente de las finanzas digitales.

La publicación del informe, fechada el 22 de septiembre de 2025, revela que a la fecha de corte de datos (6 de junio de 2025), “27 países ya tienen algún grado de exposición a Bitcoin, constituyendo aproximadamente una de cada siete naciones a nivel mundial”. Adicionalmente, el estudio identifica a “13 países que han propuesto medidas de adopción a través de iniciativas legislativas o políticas”.

Definiendo la exposición de los estados-nación a Bitcoin

El estudio del BPI se caracteriza por su rigor metodológico y sus definiciones explícitas. La “exposición” a Bitcoin se enmarca como “cualquier vía oficial que un gobierno pueda tomar para poseer, ganar o beneficiarse generalmente de bitcoin”. Esta perspectiva ampliada va más allá de la estricta consideración de Bitcoin como moneda de curso legal, abarcando la diversidad de enfoques soberanos que se observan actualmente en distintas regiones y sistemas políticos.

Los autores incluyen en su análisis programas pilotos a nivel subnacional, como reservas estatales o esquemas municipales de pago de impuestos, al considerarlos precursores de políticas nacionales de mayor alcance. La recolección de datos, que culminó a mediados de 2025, agrupó los eventos del primer semestre de ese año para capturar la cadencia de anuncios y la rápida evolución de la adopción. Este enfoque subraya que a finales de mayo de 2025, el conjunto de datos abarcaba “32 países —aproximadamente una de cada seis naciones en la Tierra— que ya tenían exposición a Bitcoin o la estaban buscando activamente mediante legislación o política”, segmentados en 27 casos activos y 13 propuestos. No obstante, los autores advierten que las categorías pueden solaparse, con algunos países participando en múltiples modalidades. Un ejemplo notable es Emiratos Árabes Unidos, que combina minería respaldada por el gobierno, compras de ETF a través de su fondo soberano y la aceptación de impuestos en Bitcoin.

Modalidades clave de adopción y reservas estratégicas

Las modalidades de exposición a Bitcoin se concentran en algunos canales dominantes. Contabilizando tanto las implementaciones activas como las propuestas, la forma más común es la Reserva Estratégica de Bitcoin (SBR), identificada en 16 países. Le sigue de cerca la minería respaldada por el gobierno, presente en 14 naciones. Otras formas relevantes incluyen:

• Activos pasivos: Los activos incautados que las autoridades han decidido no vender, registrados en siete países.
• Aceptación de impuestos: Cinco países permiten el pago de ciertos impuestos en Bitcoin.
• Gestión de fondos públicos: Se observa la participación de administradores de dinero gubernamentales en ambos lados del balance, con cuatro sistemas de pensiones y tres fondos soberanos de riqueza mostrando exposición directa o indirecta, incluso mediante participación en empresas con grandes tenencias de BTC.

Adicionalmente, dos países (El Salvador y la República Centroafricana) se registran por su estatus previo de curso legal. Existen también casos atípicos específicos de cada país, como un programa piloto de intercambio de criptomonedas respaldado por el gobierno en Rusia, una zona económica especial en Honduras que reconoce Bitcoin como unidad de cuenta y el uso de BTC incautado para deuda pública por parte de Corea del Norte.

Diferenciación entre exposiciones activas y propuestas

El informe distingue claramente entre las exposiciones activas actuales y las que aún se encuentran en fase de planificación. Entre las exposiciones activas, se identifican 11 países con minería respaldada por el gobierno, siete con tenencias pasivas, cuatro con SBR, cuatro que aceptan pagos de impuestos en Bitcoin, y un número menor pero significativo con fondos soberanos o de pensiones. Las medidas propuestas se inclinan aún más hacia los modelos de SBR: “12 de los 13 países” con propuestas apuntan a un modelo de reserva, complementado con un número limitado de propuestas para minería, sistemas de pensiones y aceptación de impuestos.

Un ejemplo ilustrativo del espectro de reservas es que “cuatro países fueron clasificados con reservas estratégicas activas de Bitcoin”. En Estados Unidos y El Salvador, las reservas son “más tradicionales”, implicando tenencia directa y/o acumulación. Por el contrario, los bancos centrales de Suiza y Arabia Saudita tienen reservas indirectas a través de “grandes posiciones en MSTR” (MicroStrategy), evidenciando la definición ampliada de los autores sobre la exposición indirecta mediante la participación en empresas con tenencias significativas de Bitcoin.

El Salvador como pionero y la trayectoria de Estados Unidos

El estudio posiciona a El Salvador como un pionero en la adopción del curso legal, que posteriormente se enfocó en la acumulación en el balance. Se destaca que El Salvador “ha acumulado aproximadamente 6,100 BTC”, y se mencionan ajustes de política sobre la aceptación por parte de los comerciantes. Esto subraya el argumento de los autores: el estatus de curso legal es solo un camino, y no necesariamente el más duradero, para la adopción nacional. “Como muestran estos ejemplos, el estatus de curso legal no es la única vía para la adopción por parte de los estados-nación. La custodia soberana, las compras institucionales y el diseño estratégico de programas podrían resultar rutas más perdurables”.

Estados Unidos representa una línea de datos distinta en el estudio. Los autores describen la Orden Ejecutiva del expresidente Donald Trump, que “diferenció a Bitcoin de otras criptomonedas y estableció una política de retener, en lugar de vender, las tenencias de Bitcoin”. Esta acción sentó las bases para una arquitectura SBR y, según el resumen ejecutivo del informe, impulsó propuestas similares en el extranjero. Se añade que “dieciséis naciones han propuesto o promulgado legislación para SBRs en un contexto similar al de EE. UU.”, y que múltiples municipios norteamericanos y ciudades internacionales han avanzado en la aceptación de pagos de impuestos en BTC.

Tenencias pasivas y las implicaciones macroeconómicas

Las tenencias pasivas, aunque no son una política proactiva, se consideran relevantes porque la no liquidación de estos activos indica un cambio en la postura de las tesorerías nacionales. El informe menciona a Bulgaria, China, Finlandia, Georgia, India, Reino Unido y Venezuela como países con BTC incautado que se presume permanece en los balances gubernamentales. “Aunque la acumulación mediante incautación no es una estrategia proactiva, el aspecto notable de las tenencias pasivas es que aún no han vendido el bitcoin”, señalan los autores.

La taxonomía se complementa con una nota metodológica sobre inclusiones y exclusiones. Se filtraron rumores y promesas puramente de campaña. El estudio introduce una distinción entre exposición directa e indirecta: por un lado, tenencias directas, ETF o minería; por otro, exposiciones “como posiciones de capital en empresas con tenencias de Bitcoin como MicroStrategy (MSTR)”. Este marco permite que Suiza y Arabia Saudita figuren como tenedores de reservas, a pesar de que la vía sea el capital de cartera en lugar de monedas en cadena.

La conclusión del informe eleva las implicaciones macroeconómicas al argumentar que Bitcoin es “un nuevo activo macroeconómico, el primero de su tipo en más de un siglo”. Los primeros en adoptar podrían obtener ventajas de cartera y financiamiento. Los autores discuten los “Bit-Bonds”, en los que BTC funciona como garantía parcial para atraer demanda institucional y potencialmente reducir los costos de endeudamiento soberano. También plantean que los puentes de liquidación basados en Bitcoin podrían disminuir las fricciones transfronterizas. La tesis subyacente es que el impulso observado en 2024-2025 –capturado en la cronología y los recuentos del estudio– hace improbable una reversión total a medida que más jurisdicciones institucionalizan Bitcoin en los flujos de trabajo de las finanzas públicas.

Actualmente, el precio de Bitcoin se sitúa en $112,490, reflejando el creciente interés y la consolidación de su posición en la economía global.