Contexto regulatorio para los servicios de activos virtuales en Argentina

La Comisión Nacional de Valores (CNV) de Argentina, en su rol de ente regulador del mercado de capitales, ha anunciado una modificación significativa en el cronograma de pago de la tasa de fiscalización y control anual para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV). Esta decisión se enmarca en un contexto de creciente regulación del ecosistema de criptoactivos a nivel global y local, buscando establecer un marco de supervisión que garantice la transparencia y la estabilidad del mercado.

Desde la promulgación de la Ley Antilavado en Argentina (Ley 27.739), los PSAV han sido incorporados formalmente como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas, lo que conlleva una serie de obligaciones y, consecuentemente, costos asociados a la supervisión. La tasa de fiscalización es uno de esos costos, destinada a financiar las actividades de control y monitoreo que la CNV ejerce sobre estas entidades.

Detalles de la prórroga y su impacto en el sector

La medida central de la CNV es la postergación del cobro de la tasa de fiscalización correspondiente al año 2025. Originalmente, se esperaba que este gravamen comenzara a regir en el próximo ejercicio fiscal abarcando a todos los PSAV registrados. Con esta decisión, el comienzo efectivo del pago se aplaza, proporcionando un margen de tiempo adicional para que las empresas y plataformas que operan con activos virtuales en Argentina se adapten a las nuevas exigencias normativas.

Esta prórroga puede interpretarse como un gesto de la autoridad reguladora para facilitar la transición hacia un marco operativo más formalizado. El sector de los activos virtuales, caracterizado por su innovación y rápido crecimiento, a menudo requiere de periodos de ajuste ante la implementación de nuevas regulaciones. La postergación de la tasa de fiscalización ofrece:

• Alivio financiero inmediato: Las empresas no tendrán que presupuestar de forma inminente este costo adicional.
• Tiempo para la adaptación: Los PSAV podrán enfocarse en la implementación de los requisitos de registro y cumplimiento sin la presión añadida de una nueva obligación fiscal.
• Señal regulatoria: La CNV demuestra una aproximación pragmática, balanceando la necesidad de supervisión con el fomento de la innovación en un sector emergente.

¿Quiénes son los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)?

Dentro del marco regulatorio argentino, un Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) es cualquier persona física o jurídica que, de forma ocupacional y en nombre o por cuenta de terceros, realiza alguna de las siguientes actividades:

• Intercambio entre activos virtuales y monedas fiduciarias.
• Intercambio entre uno o más tipos de activos virtuales.
• Transferencia de activos virtuales.
• Custodia y/o administración de activos virtuales o de instrumentos que permitan el control sobre activos virtuales.
• Participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un activo virtual.

Esta definición es amplia e incluye a exchanges de criptomonedas, plataformas de billeteras digitales que ofrecen servicios de custodia y otras entidades que facilitan transacciones con criptoactivos. La supervisión de estos actores es crucial para mitigar riesgos como el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la protección de los inversores.

Mirando hacia el futuro: la evolución de la regulación cripto en Argentina

La decisión de la CNV refleja la compleja dinámica entre promover la innovación tecnológica y garantizar la seguridad financiera de los usuarios. La prórroga de la tasa de fiscalización es un componente más en la construcción de un ecosistema cripto regulado en Argentina. Es probable que, durante este período de aplazamiento, la CNV continúe refinando sus mecanismos de supervisión y brindando mayor claridad a los actores del mercado.

Es fundamental que los PSAV continúen atentos a las próximas comunicaciones de la CNV y se preparen para cumplir con todas las obligaciones regulatorias en el futuro. Esto incluye no solo la eventual tasa de fiscalización, sino también los requisitos de registro, las normativas antilavado y las directrices de protección al consumidor. La colaboración entre el sector público y privado será clave para el desarrollo sostenible y seguro del emergente mercado de activos virtuales en Argentina.