Fragmentación regulatoria: el desafío de Coinbase en EE. UU.

La reconocida plataforma de intercambio de criptoactivos con sede en Estados Unidos, Coinbase, ha emitido un llamado urgente al Departamento de Justicia (DOJ) para abordar la creciente oleada de litigios que impactan sus operaciones. La empresa describe el entorno actual como un escenario regulatorio “cada vez más fragmentado y hostil” para el sector de los activos digitales.

Esta situación ha generado una gran incertidumbre en el ecosistema cripto, afectando tanto a las empresas como a los inversores. La falta de un marco legal claro y coherente a nivel federal ha permitido que los estados adopten diferentes interpretaciones de las leyes, creando un mosaico regulatorio complejo y a menudo contradictorio.

La postura de Coinbase: en busca de un marco unificado

En una comunicación reciente, Coinbase destacó los esfuerzos de la administración actual para forjar un entorno regulatorio más equitativo para los activos digitales. Estos esfuerzos engloban la propuesta de legislación para stablecoins y dos proyectos de ley bipartidistas pendientes, orientados a estandarizar la supervisión de las criptomonedas. Coinbase argumenta que estas iniciativas han comenzado a mitigar los efectos adversos de un enfoque regulatorio anterior, basado principalmente en la aplicación de sanciones.

Sin embargo, la compañía advierte que algunos estados están perpetuando una tendencia preocupante al adoptar interpretaciones “expansivas y erróneas” de las leyes de valores. Estas acciones, junto con la implementación de nuevos requisitos de licencia, socavan la postura pro-innovación del gobierno federal. Este escenario, según Coinbase, no solo complica las operaciones para las empresas del sector, sino que también crea un campo de juego desigual en el mercado de activos digitales.

Ejemplos de acciones estatales

Coinbase ha citado como ejemplo la demanda del Fiscal General de Oregón, que alega que numerosos activos digitales comercializados en su plataforma califican como valores no registrados. La empresa sostiene que esta demanda no solo la afecta directamente, sino que también podría incitar a otros estados a abordar lo que el Fiscal General percibe como una laguna regulatoria a nivel federal. Adicionalmente, la Fiscal General de Nueva York ha iniciado acciones legales para regular transacciones con activos digitales basados en protocolos descentralizados como valores, lo que agrava aún más la complejidad del entorno regulatorio.

Otro desafío significativo que enfrenta Coinbase son las órdenes de cese y desista recibidas de cuatro estados, las cuales exigen la suspensión de sus servicios de staking para el retail. Coinbase considera estas órdenes “legalmente infundadas e inconsistentes”, argumentando que carecen de una base legal sólida y contravienen la interpretación generalizada de estas actividades en el ámbito federal.

Hacia una preemption federal: la propuesta de Coinbase

Ante estos desafíos, la carta dirigida al DOJ solicita una intervención federal urgente para establecer amplias disposiciones de preemption. La plataforma de intercambio sostiene que la preemption ha sido, históricamente, una herramienta eficaz para contrarrestar la interferencia estatal en los mercados nacionales, haciendo referencia a acciones legislativas previas del Congreso. La preemption federal permite que las leyes federales anulen las leyes estatales que entran en conflicto, creando un marco regulatorio uniforme en todo el país.

Coinbase argumenta que el actual mosaico de regulaciones estatales no solo entorpece la eficiencia del mercado, sino que también provoca una desigualdad en el acceso a los servicios de criptoactivos, dependiendo de la ubicación geográfica de los usuarios. Esta situación limita la innovación y el desarrollo de la industria en EE. UU., ya que las empresas deben sortear un laberinto de normativas diversas y a menudo contradictorias.

La visión de Coinbase para el futuro regulatorio

Para mitigar estas problemáticas, Coinbase propone que el Congreso apruebe legislación que exima a los activos digitales regulados federalmente de las leyes “blue-sky” estatales. Estas leyes, que exigen el registro de ofertas de valores y ventas en el nivel estatal, han sido una fuente constante de fricción en la industria de criptoactivos. La exención no solo simplificaría el cumplimiento, sino que también fomentaría un entorno más propicio para la inversión y el crecimiento del sector.

Asimismo, la compañía aboga por la aclaración de que los requisitos de licencia estatales no son aplicables a los intermediarios de criptoactivos. Esta medida eliminaría una considerable barrera de entrada para nuevas empresas y reduciría la complejidad operativa para las ya existentes. La falta de un lenguaje claro en esta área ha llevado a litigios y a una incertidumbre constante para las plataformas que operan a nivel nacional.

Además, Coinbase insta a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) a agilizar el proceso de elaboración de normativas y a proporcionar una orientación más clara sobre por qué las transacciones y servicios de activos digitales, incluido el staking, no deberían ser clasificados como valores. Esta claridad evitaría que los estados impongan regulaciones conflictivas basadas en sus propias interpretaciones de las leyes de valores, lo que, a su vez, alinearía el enfoque regulatorio con la naturaleza innovadora y descentralizada de muchos activos digitales.

El impacto de la falta de claridad regulatoria

La ausencia de un marco regulatorio coherente y unificado ha tenido un impacto multifacético en el sector de los activos digitales en EE. UU. Además de la fragmentación legal, la falta de claridad ha generado una fuga de talentos y capital hacia jurisdicciones con regulaciones más favorables. Muchas empresas de criptoactivos han optado por establecerse en otros países que ofrecen un entorno regulatorio más predecible y menos hostil, lo que, en última instancia, podría afectar la posición de Estados Unidos como líder en innovación tecnológica.

La propuesta de Coinbase busca no solo proteger sus propias operaciones, sino también promover un crecimiento sostenible y responsable del ecosistema de criptoactivos en el país. Un marco federal predecible y claro beneficiaría a todos los participantes del mercado, desde las grandes plataformas hasta los desarrolladores individuales y los usuarios finales, fomentando la confianza y la adopción de estas tecnologías emergentes.