Estados Unidos incrementa sus reservas de Bitcoin con activos incautados
El gobierno de Estados Unidos se prepara para integrar una cantidad significativa de Bitcoin, específicamente 127.271 BTC valorados en aproximadamente $14.2 mil millones, a su Reserva Estratégica de Bitcoin. Estos activos digitales provienen de una reciente incautación a una compleja operación de fraude transfronterizo, conocida como estafa de “pig butchering”, presuntamente orquestada por el ciudadano chino Chen Zhi.
La incorporación de estos Bitcoins a las reservas del país se alinea con la Orden Ejecutiva emitida previamente, la cual establece que la Reserva Estratégica de Bitcoin se capitalizará con Bitcoin propiedad del Departamento del Tesoro, obtenido a través de procedimientos de decomiso de activos criminales o civiles. No obstante, la actual situación de paralización del gobierno podría generar desafíos en la formalización y ejecución de este plan, dada la necesidad de ratificación en un plazo determinado.
Detalles de la operación de fraude: el caso Chen Zhi
La operación, revelada a través de documentos judiciales presentados el 14 de octubre, expone una vasta red criminal que combinaba el fraude de inversiones en criptomonedas con el tráfico de personas y la corrupción política.
El esquema “pig butchering” y el Prince Group
Según los registros judiciales, Chen Zhi, a través de su entidad Prince Group, era una figura central en la economía digital subterránea de Camboya. Esta organización operaba una red de complejos fraudulentos que, además, funcionaban como centros de detención para trabajadores víctimas de trata. Miles de migrantes, atraídos por promesas de empleo ficticias, eran forzados a gestionar esquemas de inversión fraudulentos en criptomonedas, bajo la amenaza de violencia.
Bajo la dirección de Chen, se establecieron al menos diez grandes complejos, incluyendo instalaciones asociadas al Jinbei Hotel y Casino, el Golden Fortune Science and Technology Park y Mango Park. Los registros judiciales indican que Chen mantenía meticulosas contabilidades de las operaciones de cada sitio, empleando el término chino “sha zhu”, o “pig-butchering”, que describe estas estafas de larga duración donde se manipula emocionalmente a las víctimas antes de despojarlas de sus activos.
Las autoridades estadounidenses han alegado que Chen y otros ejecutivos de alto nivel recurrieron a sobornos e influencia política para eludir la persecución legal, llegando incluso a obtener información anticipada sobre operativos policiales planificados. Estas conexiones les permitieron mantener el control sobre miles de millones de dólares en flujos ilícitos de criptomonedas, consolidando su posición dentro de la economía sumergida de Camboya.
Acciones regulatorias y sanciones internacionales
En respuesta a la magnitud y naturaleza de estas actividades criminales, las autoridades de Estados Unidos, en colaboración con la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo (FCDO) del Reino Unido, no solo han procedido con la incautación de los fondos ilícitos, sino que también han impuesto sanciones a Chen Zhi y sus entidades relacionadas.
Según un comunicado de prensa, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a 146 individuos y entidades vinculadas a la Organización Criminal Transnacional (TCO) Prince Group, un sindicato con sede en Camboya liderado por Chen Zhi. Este grupo habría operado cientos de estafas de inversión en línea dirigidas a ciudadanos estadounidenses y de naciones aliadas.
Además, la Red de Lucha contra los Delitos Financieros (FinCEN) invocó la Sección 311 de la Ley PATRIOTA de EE. UU. para aislar formalmente al Huione Group de Camboya del sistema financiero estadounidense. FinCEN identificó a Huione como un canal principal para el blanqueo de fondos provenientes del fraude en criptomonedas y ciberdelitos relacionados. Funcionarios estadounidenses afirmaron que las redes de Huione fueron fundamentales para ocultar miles de millones de dólares robados a inversores a nivel global.
Este caso subraya la creciente atención de las autoridades internacionales hacia las operaciones ilícitas que utilizan activos digitales, así como su compromiso en desmantelar estas redes y proteger a los inversores.
