La propuesta de regulación para el mercado de activos digitales en Estados Unidos ha entrado en una fase crucial, con el enfoque desplazándose desde la Cámara de Representantes hacia el Senado. Tras la aprobación de la ley de Claridad del Mercado de Activos Digitales (Digital Asset Market Clarity Act) por parte de la Cámara baja con un respaldo significativo, la atención se centra ahora en el Senado, donde se gesta una legislación complementaria que definirá el marco regulatorio definitivo para la industria.

Históricamente, la Cámara de Representantes ha liderado la elaboración de propuestas legislativas en el ámbito cripto, mientras que el Senado ha representado un desafío mayor. A pesar de ello, figuras prominentes como el Representante Tom Emmer y el Presidente del Comité de Servicios Financieros de la Cámara, French Hill, han instado al Senado a adoptar y aprobar la ley de Claridad sin modificaciones. Emmer afirmó que “el Senado debe finalizar el trabajo hacia un futuro pro-cripto en Estados Unidos y aprobar la ley CLARITY”. De ser así, el proyecto avanzaría directamente al escritorio del presidente.

Sin embargo, los senadores con una postura favorable hacia los activos digitales están desarrollando su propia estrategia, buscando un consenso bipartidista que asegure un apoyo masivo en la votación final del Senado, antes de que el proyecto sea remitido a la Cámara de Representantes para su aprobación final.

El camino hacia una regulación completa y oficial para las empresas de criptoactivos en Estados Unidos es intrincado y multifase, implicando varios escalones legislativos y regulatorios antes de su plena implementación.

Proceso legislativo federal de los activos digitales

El establecimiento de un marco regulatorio integral para los activos digitales en Estados Unidos conlleva una serie de pasos complejos, que van desde la redacción de proyectos de ley hasta su eventual promulgación e implementación por parte de diversas agencias federales. Este proceso se caracteriza por la necesidad de consenso bipartidista y la superación de obstáculos tanto legislativos como administrativos.

Los principales hitos incluyen:

• Redacción y Enmienda del Proyecto de Ley: Senadores de ambos partidos trabajarán en la formulación y modificación de la legislación. Este proceso podría extenderse, especialmente para comités clave como el de Agricultura del Senado, uno de los dos órganos que deben dar su visto bueno.
• Aprobación en Comité: Tanto el Comité Bancario del Senado como el de Agricultura deben votar a favor de la legislación para que sea remitida a una votación en el pleno.
• Votación en el Senado: Una versión enmendada del proyecto de ley se someterá a consideración de todo el Senado, donde generalmente se requiere una mayoría de 60 votos para su avance.
• Votación en la Cámara de Representantes: Si el Senado aprueba la legislación, se procederá a una votación en la Cámara de Representantes, que ya ha manifestado su apoyo a iniciativas similares como la ley de Claridad.
• Asentimiento Presidencial: En caso de obtener la aprobación de la Cámara, el proyecto de ley será firmado por el presidente para convertirse en ley. La Senadora Cynthia Lummis ha indicado que es improbable que esto ocurra antes de fin de año.
• Implementación Regulatoria: Posteriormente, se iniciará el proceso de implementación por parte de las diversas agencias federales encargadas de redactar las regulaciones específicas que la industria deberá cumplir. Este paso puede extenderse por años hasta la finalización de las normativas.

El rol de la CFTC y el futuro de la regulación

La propuesta de ley del Senado, al igual que la anterior ley de Claridad, busca establecer límites claros entre las diferentes clasificaciones de activos digitales y determinar qué agencias son las responsables de su supervisión. Aunque la Ley GENIUS (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act) ya regula a los emisores de stablecoins, la próxima legislación abordará gran parte del resto de la industria, y es altamente probable que eleve a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos (CFTC) a un papel principal en el ecosistema cripto.

Hasta el momento, el público ha tenido acceso a un borrador de discusión de 182 páginas, divulgado por los republicanos del Senado. Aunque aún no ha sido presentado formalmente, miembros del Comité Bancario del Senado han expresado su interés en llevarlo pronto a la etapa de enmienda y votación en comité. Sin embargo, este camino podría no ser tan fluido como se espera, dado que el Senador republicano John Kennedy de Luisiana ha manifestado que el proyecto aún no está listo.

A las dificultades habituales del Senado se suma la tensión política actual en torno al plan de gastos de Estados Unidos, que podría derivar en un cierre gubernamental si no se alcanza un consenso. El funcionamiento del Senado, en ocasiones, se limita a abordar un tema a la vez, lo que complica la simultaneidad de debates legislativos.

La Senadora Kirsten Gillibrand, demócrata por Nueva York y defensora de una legislación bipartidista sobre criptomonedas durante años, ha comentado: “No quiero establecer un plazo artificial para nada, porque estamos en medio de negociaciones sobre si tendremos un presupuesto bipartidista. El tema más importante que el Congreso debe abordar ahora es el precipicio fiscal”. Esta negociación, según ella, “consumirá mucho tiempo de mucha gente”.

La fase de implementación: un proceso prolongado

Una vez que un proyecto de ley cripto supere el Senado, Patrick Witt, el nuevo asesor cripto del Presidente, ha señalado que la Casa Blanca esperaría que haya sido redactado en estrecho contacto con los legisladores de la Cámara de Representantes y que sea aprobado tal como está por dicha cámara.

Sin embargo, incluso si la esperada legislación sobre la estructura del mercado se promulga a finales de 2025, comenzará una fase de interpretación y traducción a nuevas regulaciones que podría ser aún más prolongada. Este proceso involucrará a una serie de agencias federales, incluyendo la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), la CFTC y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro. Estas entidades deberán analizar los requisitos de la nueva ley y determinar cómo implementarlos, lo que implica la elaboración de propuestas y la apertura de períodos de consulta pública.

Un proceso de reglamentación típico puede tardar uno o dos años, incluso en escenarios sin complicaciones. Dado que este es un campo regulatorio novedoso y de gran interés público, se espera un gran volumen de comentarios. Un precedente comparable, aunque más extenso, fue la implementación de la Ley Dodd-Frank de 2010. Este proceso, que involucró múltiples nuevas áreas de regulación, aún tiene un aspecto central sin implementar por completo.

En el mejor de los casos, la maquinaria regulatoria de Estados Unidos podría extenderse hasta bien entrado 2026 antes de producir las regulaciones definitivas. Históricamente, las nuevas normas financieras han requerido un período de implementación de uno o dos años antes de ser de cumplimiento obligatorio. La ley de Claridad, en esencia, marcó el inicio de este complejo y dilatado recorrido.