Contexto de la clasificación de bitcoin en España

La Agencia Tributaria de España ha emitido una clarificación crucial sobre la naturaleza de las criptomonedas, específicamente bitcoin, en el contexto de las transacciones de compraventa de bienes inmuebles. Esta postura establece que el bitcoin no debe ser considerado como dinero de curso legal para estas operaciones, sino como un bien mueble intercambiable. Esta interpretación tiene consecuencias directas en la fiscalidad de dichas transacciones, impactando a individuos y empresas que utilicen activos digitales como forma de contraprestación.

La distinción entre dinero y bien es fundamental. Mientras el dinero, como el euro, es un medio de pago universalmente aceptado y regulado por las autoridades monetarias, un bien mueble es un activo que puede ser poseído y transferido, sujeto a valoraciones de mercado. Al clasificar bitcoin como un bien, Hacienda lo somete a un régimen fiscal distinto al de las operaciones monetarias convencionales.

Esta decisión de Hacienda se alinea con la tendencia global de las autoridades reguladoras de categorizar las criptomonedas dentro del marco de los bienes o propiedades, en lugar de monedas fiduciarias. Esta aproximación permite aplicar impuestos y normativas existentes, adaptándolos a la volatilidad y las particularidades de los activos digitales.

Implicaciones fiscales del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP)

La principal consecuencia de esta clasificación es la exigencia del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) en las operaciones de compraventa de inmuebles donde la contraprestación se realiza con bitcoins. El ITP es un impuesto indirecto que grava las transmisiones patrimoniales onerosas, la cual suele aplicarse en la adquisición de inmuebles o bienes de alto valor.

Cuando un comprador utiliza bitcoin para adquirir un inmueble en España, Hacienda lo interpreta como una permuta de bienes. Esto significa que la entrega de bitcoins se considera una transmisión de un bien (bitcoin) a cambio de otro bien (el inmueble). En este escenario, tanto la transmisión del inmueble como la transmisión de los bitcoins pueden estar sujetas a tributación. Sin embargo, el foco principal del ITP en este contexto recae sobre la adquisición del inmueble.

El porcentaje del ITP varía según la comunidad autónoma en España, y se calcula sobre el valor real del inmueble adquirido. Para determinar este valor cuando la contraprestación es en bitcoin, se deberá establecer una valoración precisa de las criptomonedas en el momento de la transacción. Esto presenta un desafío adicional debido a la volatilidad de los activos digitales, requiriendo mecanismos de valoración claros y aceptados por la administración fiscal.

La permuta de bienes y su tratamiento fiscal

Jurídicamente, la operación descrita se asemeja a una permuta de bienes. En una permuta, dos partes intercambian bienes entre sí sin que medie un pago en dinero, o al menos no exclusivamente. En este caso, el bitcoin actúa como el bien ofrecido a cambio del inmueble. Este tipo de transacción implica que ambas partes pueden tener obligaciones fiscales. Por el lado del vendedor del inmueble, este podría estar sujeto a un impuesto sobre las ganancias patrimonarias (en el IRPF para personas físicas o Impuesto de Sociedades para empresas) por la diferencia entre el valor de adquisición del inmueble y el valor por el que lo ha permutado (el valor de los bitcoins recibidos).

Para el comprador del inmueble que entrega bitcoins, además del ITP por la adquisición del inmueble, podría generarse una ganancia o pérdida patrimonial si el valor de adquisición de sus bitcoins es diferente al valor por el que los entrega en la permuta. Es decir, si el valor de los bitcoins ha incrementado desde que los adquirió, esta plusvalía también deberá ser declarada.

Marco regulatorio y la posición de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

La postura de Hacienda se enmarca en un contexto regulatorio más amplio en España y Europa. Aunque la Ley 7/2020 de prevención del blanqueo de capitales ya había otorgado a las criptomonedas la categoría de ‘efectos o activos’ en ciertos contextos, la interpretación específica para el ITP solidifica su tratamiento como bien. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en España ha reiterado en distintas ocasiones sus advertencias sobre los riesgos de operar con criptoactivos, diferenciándolos claramente de los productos financieros tradicionales y del dinero fiduciario.

Las regulaciones emergentes, como la Ley de Mercados de Criptoactivos (MiCA) a nivel europeo, buscan establecer un marco más armonizado para el sector. Sin embargo, en ausencia de una legislación específica que defina el estatus de las criptomonedas como medio de pago legal en transacciones inmobiliarias, las autoridades nacionales como Hacienda continúan aplicando las normativas existentes, interpretando los activos digitales dentro de las categorías fiscales preestablecidas, como la de ‘bien’.

Consideraciones para usuarios y profesionales del sector inmobiliario

Esta clarificación de Hacienda exige a los participantes en el mercado inmobiliario que consideren cuidadosamente el uso de bitcoins en sus transacciones. Los compradores deben estar conscientes de que, además del ITP, podrían enfrentar la necesidad de declarar ganancias patrimoniales por la venta de sus bitcoins. Los vendedores de inmuebles que acepten bitcoins como pago también deben considerar las implicaciones en su declaración de renta por la ganancia patrimonial obtenida y la forma de valorar los bitcoins recibidos.

Profesionales como notarios, registradores de la propiedad y asesores fiscales tendrán un rol crucial en guiar a los ciudadanos a través de estas complejidades. La correcta documentación de la valoración del bitcoin en el momento de la transacción será fundamental para evitar posibles litigios con la administración tributaria. Se recomienda recabar evidencia de precios de mercado de plataformas de intercambio fiables en la fecha exacta de la permuta.

En resumen, la Agencia Tributaria española subraya que, aunque las criptomonedas pueden servir como medio de intercambio, su naturaleza no es la de una divisa fiduciaria en el ámbito fiscal español, especialmente en operaciones inmobiliarias. Esta postura refuerza la necesidad de una planificación fiscal minuciosa y una comprensión profunda de las implicaciones al operar con activos digitales en el mercado de bienes raíces en España.