La Casa Blanca estaría preparando una orden ejecutiva dirigida a instituciones bancarias estadounidenses que podrían estar discriminando a empresas y usuarios del sector de activos digitales. Esta iniciativa, que forma parte de un esfuerzo por abordar prácticas de ‘desbancarización’, busca imponer consecuencias financieras a las entidades infractoras.

La orden ejecutiva y su alcance

La propuesta de orden ejecutiva instruiría a los reguladores bancarios a investigar a fondo las instituciones financieras. El objetivo es determinar si estas entidades han incurrido en violaciones de la Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito, leyes antimonopolio o normativas de protección al consumidor.

Las sanciones por incumplimiento de estas disposiciones podrían abarcar desde multas monetarias y decretos de consentimiento hasta medidas disciplinarias de diversa índole. Si bien el borrador no señala a ninguna entidad específica, hace referencia a un incidente previo donde

Bank of America (BofA) fue

acusado de cerrar cuentas de una organización cristiana en Uganda, justificándose en una política de no apoyar pequeños negocios fuera de EE. UU. Este caso se enmarcaría dentro de las prácticas que la orden ejecutiva buscaría prevenir.

Reacciones y expectativas en el sector

Este desarrollo ha generado expectación en la comunidad cripto, con algunos actores considerándolo un avance significativo desde la aprobación de los ETF de Bitcoin al contado. Se anticipa que esta medida podría abrir las puertas a una mayor entrada de capital institucional en el ecoscosistema. Personalidades como

Changpeng Zhao (CZ), fundador de Binance, han expresado que esta iniciativa podría forzar a los bancos a reconocer y colaborar con el sector de los activos digitales.

Contexto y presiones sobre la banca

La orden ejecutiva emerge en un momento de crecientes críticas hacia los bancos por presuntas tácticas que podrían obstaculizar el crecimiento de plataformas cripto y fintech. Se han planteado acusaciones de que grandes instituciones bancarias, como JPMorgan, inflarían tarifas y limitarían el acceso para mermar efectivamente la industria de activos digitales. Expertos comparan estas acciones con una renovada estrategia de ‘Operation Chokepoint’, diseñada para suprimir la competencia en el sector financiero digital. Si la orden ejecutiva se materializa, los reguladores se verán obligados a revisar y eliminar políticas que puedan haber contribuido a la desbancarización de clientes en el ámbito cripto.