Trump busca defender a la industria cripto de prácticas bancarias discriminatorias

La administración del expresidente Donald Trump tiene previsto emitir una orden ejecutiva significativa con el objetivo de salvaguardar tanto a las empresas de criptomonedas como a organizaciones conservadoras de lo que se perciben como prácticas bancarias discriminatorias. Esta iniciativa busca instruir a los reguladores bancarios para que investiguen posibles infracciones en leyes de crédito equitativo, estatutos antimonopolio y normativas de protección al consumidor, especialmente en situaciones donde las instituciones financieras han terminado relaciones con clientes. La medida representa una respuesta directa a las afirmaciones sobre una supuesta “Operación Chokepoint 2.0”.

La “Operación Chokepoint 2.0” y sus implicaciones

La “Operación Chokepoint 2.0” es un término acuñado por ejecutivos de la industria cripto para describir lo que consideran una negación sistemática de servicios bancarios a entidades relacionadas con criptodivisas y, en ocasiones, a grupos de tendencia conservadora. Esta supuesta campaña se habría intensificado durante la administración Biden, especialmente tras el colapso de FTX a finales de 2022. Líderes del sector, como Paul Grewal, director legal de Coinbase, han alegado que agencias federales como la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) presionaron indebidamente a los bancos para que restringieran sus actividades con empresas de criptoactivos y stablecoins.

Pruebas obtenidas a través de una demanda bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA) presentada con el apoyo de Coinbase, revelaron que la FDIC solicitó a ciertas instituciones financieras que pausaran sus operaciones bancarias relacionadas con criptomonedas, lo que, según Grewal, valida las preocupaciones de la industria y desmiente la idea de una “conspiración cripto”.

Detalles de la orden ejecutiva propuesta

La orden ejecutiva que Trump planea firmar contempla varias acciones clave:

• Investigación de violaciones: Los reguladores bancarios deberán investigar casos de terminación de relaciones bancarias que puedan infringir leyes de crédito, antimonopolio y protección al consumidor.
• Penalizaciones y acciones regulatorias: Los bancos hallados en violación de estas normativas podrían enfrentar sanciones económicas y medidas de cumplimiento regulatorio.
• Desmantelamiento de políticas internas: Se instruirá a las agencias federales para que desmantelen políticas internas que pudieran haber facilitado la “desbancarización”.
• Revisión del acceso para empresas cripto: Se examinará cómo la Reserva Federal gestiona el acceso a la infraestructura bancaria crítica para las empresas de criptomonedas.
• Inclusión de grupos conservadores: La orden también abordará la supuesta denegación o cancelación de servicios a organizaciones políticamente conservadoras, señalando incidentes como el cierre de cuentas por Bank of America a una organización cristiana en Uganda.

Esta iniciativa surge también de la experiencia personal de Trump, quien mencionó que “los grandes bancos fueron muy desagradables con nosotros” durante la presidencia de Biden, atribuyendo estas acciones a la influencia regulatoria sobre las instituciones financieras.

Desafíos legales y posición de la industria

Expertos legales, como Even Alex Chandra de IGNOS Law Alliance, han señalado que las órdenes ejecutivas solo pueden hacer cumplir leyes existentes y no crear nuevas protecciones. La viabilidad de la orden podría ser cuestionada si su alcance excede las leyes vigentes, especialmente porque la afiliación política no es una clase protegida bajo las leyes antidiscriminatorias federales.

La industria bancaria, por su parte, denomina la práctica como “reducción de riesgos” (derisking) y defiende su discreción para cerrar cuentas basándose en riesgos legales, financieros o reputacionales. Sin embargo, en respuesta a las crecientes presiones, los bancos han comenzado a revisar sus políticas para prohibir explícitamente la discriminación política y han buscado colaborar con funcionarios estatales republicanos para demostrar su cumplimiento.

Organismos como la Reserva Federal, la Oficina del Contralor de la Moneda y la FDIC han tomado medidas para dejar de examinar el riesgo reputacional, lo que indica un posible ajuste en las políticas bancarias a raíz de estas controversias. Bo Hines, director ejecutivo del Grupo de Trabajo Presidencial sobre Activos Digitales de la Casa Blanca, ya había adelantado que se esperaban acciones administrativas “en breve” en este ámbito.