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Banco Central de Uruguay redefine regulación para activos virtuales: implicaciones para Bitcoin y stablecoins

El Banco Central de Uruguay (BCU) está preparando una actualización significativa de su normativa para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), lo que incluye una potencial clasificación de Bitcoin como un “activo virtual no financiero”. Esta iniciativa, liderada por Patricia Tudisco, Superintendente de Regulación Financiera del BCU, busca establecer un marco regulatorio claro para el creciente ecosistema de criptoactivos en el país.

Reclasificación de Bitcoin: Implicaciones regulatorias

Durante su participación en el Blockchain Summit Global, Tudisco adelantó que la propuesta del BCU distingue entre activos virtuales financieros y no financieros. Según esta diferenciación, Bitcoin se catalogaría como un activo virtual no financiero. Esta categorización resultaría en una regulación menos intensiva para Bitcoin en términos de protección al consumidor, afectando directamente a los exchanges de criptomonedas.

Las empresas dedicadas exclusivamente a la custodia de Bitcoin podrían quedar exentas de licencias adicionales complejas. En contraste, los servicios relacionados con stablecoins centralizadas, como USDT (Tether), sí requerirían una licencia más completa. Esta distinción subraya el enfoque del BCU en un marco regulatorio diferenciado, donde:

  • Los activos no financieros (Bitcoin) se enfocarían principalmente en la prevención de lavado de dinero.
  • Los activos financieros (stablecoins) estarían sujetos a regulaciones adicionales, incluyendo la protección al consumidor.

Impacto en el mercado de criptomonedas uruguayo

Aunque Uruguay no figura entre los líderes globales en adopción de criptomonedas, el país ha mostrado un interés progresivo en el sector. La implementación de esta nueva normativa podría transformar el panorama del uso de activos digitales en el país.

La adopción de Bitcoin en Uruguay ha sido gradual, con algunos casos destacados. Un ejemplo notorio fue la transacción inmobiliaria en 2025, donde se utilizó medio millón de dólares en Bitcoin para la compra de una propiedad, con Banque Heritage como intermediario. Este evento ilustra el potencial de las criptomonedas para transacciones significativas, aunque su uso masivo aún no es predominante.

Actualmente, el mercado uruguayo permite la compra y venta de Bitcoin y otras criptomonedas a través de diversas plataformas. La inclusión de operadores de criptomonedas en la ley de prevención de lavado de dinero, impulsada por el BCU, busca fortalecer la supervisión sin obstaculizar la innovación. Esta medida podría incidir particularmente en las plataformas que manejan stablecoins como USDT, requiriendo una adaptación a las nuevas directrices regulatorias.