Preocupación creciente: advertencias sobre la supervisión de criptoactivos
Diversas autoridades estatales han manifestado inquietudes significativas respecto a la próxima legislación sobre la estructura del mercado cripto. Su principal preocupación radica en la posible disminución de su capacidad para perseguir a los defraudadores en crímenes vinculados a activos digitales, lo que podría dejar a los inversores más vulnerables.
Según un informe de Bloomberg, reguladores desde Alabama hasta Montana han alertado que el proyecto de ley podría mermar su facultad para actuar contra infractores. Amanda Senn, directora de la Comisión de Valores de Alabama, señaló que el borrador del Senado, conocido como la Responsible Financial Innovation Act, no otorga a las agencias regulatorias estatales la autoridad implícita para supervisar a las empresas de activos digitales. Esta omisión, según Senn, podría impedirles procesar a delincuentes por fraude, en un contexto donde la aplicación federal contra las empresas cripto ha experimentado una notable reducción desde la administración Trump.
Declive en la aplicación de la ley federal y su impacto
Varias agencias regulatorias federales, incluidas la Comisión de Bolsas y Valores (SEC), el Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC), han disminuido o desactivado sus unidades de aplicación relacionadas con activos digitales. Esto ha llevado al archivo de la mayoría de los casos e investigaciones contra empresas cripto.
Datos de Cornerstone Research, citados por Bloomberg, revelan que la SEC inició solo nueve acciones de aplicación relacionadas con criptomonedas hasta finales de agosto. Esta cifra representa una caída drástica en comparación con las 47 y 33 acciones tomadas en 2023 y 2024, respectivamente. De mantenerse esta tendencia, 2025 podría registrar el número más bajo de acciones de cumplimiento en el ámbito cripto desde 2017.
Amanda Senn enfatizó la gravedad de la situación, advirtiendo que «la situación se va a desbordar». Agregó que «si los estados no prestan atención y persiguen el fraude, nadie lo hará», resaltando el vacío regulatorio que podría generarse.
James Brown, auditor estatal de Montana, también expresó su preocupación, indicando que las modificaciones propuestas al proyecto de ley en la definición de contrato de inversión podrían permitir que «los criminales eludan el procesamiento». Brown añadió: «Lo que estamos escuchando de la gente, con todo el discurso nacional sobre los beneficios de las monedas digitales y la teoría de que te vas a hacer rico rápidamente, es que tienes dos factores que conducen a un fraude fácil».
Riesgos para las protecciones estatales contra el fraude
Los reguladores estatales han propuesto enmiendas al proyecto de ley, cuya discusión en comisión está prevista para después de finales de octubre. Algunos funcionarios estatales explican que el lenguaje actual del borrador del Senado no obligaría a las empresas de criptoactivos a registrarse en los estados ni a responder a sus consultas. Además, la legislación busca modificar la definición federal de contrato de inversión, incorporando nuevas condiciones y elementos.
En septiembre, la North American Securities Administrators Association (NASAA) remitió una carta a varios senadores, instándolos a preservar las facultades de cumplimiento anti-fraude estatales en la próxima ley cripto. La asociación argumentó que «es crucial que el marco resultante preserve las protecciones estatales contra el fraude», ya que son fundamentales para proteger a los inversores y «esenciales en la lucha constante contra las estafas en línea».
Para lograr estos objetivos, NASAA formuló dos recomendaciones clave a los legisladores:
- Rechazar provisiones que redefinan el test del contrato de inversión: Explicaron que «alterar décadas de leyes de valores, como se contempla en la Sección 105, tendrá efectos devastadores en los esfuerzos anti-fraude al añadir tantos elementos y condiciones al análisis del contrato de inversión que la forma, no el fondo, determinará si los reguladores pueden tomar medidas». Esta advertencia subraya el temor de que una definición demasiado restrictiva pueda dificultar la identificación de instrumentos fraudulentos.
- Promulgar la Support Anti-Fraud Enforcement (SAFE) Act: Esta medida se propone para asegurar que los estados cuenten con la autoridad anti-fraude necesaria para atender las quejas de los residentes relacionadas con activos digitales. Esto fortalecería la capacidad de los reguladores locales para actuar rápidamente en beneficio de los ciudadanos.
Perspectivas divergentes en el sector
A pesar de las alarmas, no todos los actores de la industria comparten la opinión de que el proyecto de ley obstaculizará la capacidad de las autoridades estatales para perseguir a los infractores. Algunos sugieren que los reguladores podrán actuar en nombre de la protección del consumidor.
Mauro Wolfe, socio principal del Grupo de Activos Digitales y Blockchain de Duane Morris, comentó a Bloomberg: «Entiendo por qué un estado estaría preocupado, especialmente si el sistema federal no se involucra en ninguna aplicación de la ley». Sin embargo, añadió: «Creo que esta será un área donde los abogados de la defensa dirán que los estados no pueden hacerlo, y se litigará», lo que sugiere que podría haber desafíos legales sobre la jurisdicción regulatoria en el futuro.
La necesidad de una legislación clara y efectiva para la regulación de los criptoactivos es un tema de debate intenso, donde la protección del inversor y la prevención del fraude deben equilibrarse con la innovación y el desarrollo tecnológico.
