El gobierno de Estados Unidos ha dado un paso significativo en la lucha global contra el fraude digital, imponiendo nuevas sanciones a Myanmar y Camboya. Esta acción, anunciada el 8 de septiembre, tiene como objetivo principal a 19 entidades específicas identificadas como partícipes en complejos esquemas de fraude cibernético que operan desde la frontera tailandesa-birmana. Dichas organizaciones son señaladas por el Departamento del Tesoro estadounidense como orquestadoras de estafas globales, con un énfasis particular en el uso de criptomonedas y stablecoins para legitimar ganancias obtenidas ilícitamente.

La implementación de estas sanciones conlleva un efecto inmediato y directo sobre el panorama financiero: las instituciones bancarias, procesadores de pagos y plataformas de intercambio con cualquier grado de exposición a las entidades sancionadas se ven obligadas a reforzar drásticamente sus protocolos de cumplimiento. Esto incluye una intensificación de las normas AML (Anti-Money Laundering) y KYC (Know Your Customer), así como la implementación rigurosa de los controles de contraparte, adhiriéndose a la “OFAC 50 Percent Rule”. Esta regulación estipula que cualquier entidad es considerada bloqueada si la propiedad combinada de una o más personas bloqueadas es del 50 por ciento o más.

La vasta extensión de una problemática global

La magnitud de este problema es alarmante. Un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) revela que las llamadas “ciudades-estafa” de esta región generan aproximadamente 40.000 millones de dólares anuales. Estos enclaves no solo funcionan como centros neurálgicos para el fraude financiero, sino que también son tristemente célebres por emplear mano de obra forzada y mantener condiciones de explotación laboral, lo que añade una capa de gravedad humana a la ya compleja situación.

A pesar de los esfuerzos de Tailandia por mitigar estas operaciones, como el corte de suministro eléctrico y el acceso a datos en estas áreas, los operadores han demostrado una notable capacidad de adaptación. Al recurrir a infraestructuras portátiles y otras soluciones innovadoras, evidencian la resiliencia y la sofisticación de esta industria ilícita, lo que subraya la necesidad de respuestas multifacéticas y persistentes por parte de las autoridades internacionales.

Stablecoins: el vehículo preferido del fraude

Un aspecto central de estas recientes sanciones es el enfoque explícito en las stablecoins. Las investigaciones han demostrado que la mayoría de las actividades fraudulentas se liquidan utilizando USDT (Tether) en la red TRON. Esta preferencia no es casual, sino que se atribuye a los bajos costos de transacción y la elevada velocidad que ofrece esta combinación, características que la hacen particularmente atractiva para operaciones ilícitas que requieren agilidad y discreción.

El laboratorio de investigación TRM Labs ha documentado extensamente esta preferencia por parte de los operadores de estafas. Complementariamente, el Crypto Crime Report 2025 de Chainalysis, una autoridad en el análisis de blockchain, corrobora que una parte sustancial de las liquidaciones ilícitas se ha desplazado hacia tokens vinculados al dólar, consolidando la posición de las stablecoins como herramientas clave en el lavado de dinero digital. Estas stablecoins, al estar vinculadas al valor de una moneda fiduciaria, ofrecen una aparente estabilidad y facilidad de uso que las convierte en un instrumento atractivo para los delincuentes, permitiéndoles mover grandes sumas de dinero a través de las fronteras con relativa facilidad y anonimato, aunque el blockchain permite un rastreo posterior.

Iniciativas de cooperación en la lucha contra el cibercrimen

Frente a esta creciente amenaza, se han gestado alianzas estratégicas para mitigar el impacto del crimen digital. Un ejemplo destacable es el programa T3+ (Tether, TRON y TRM Labs). Esta iniciativa colaborativa ha logrado resultados impresionantes, congelando más de 250 millones de dólares en activos ilícitos en menos de un año. La reciente incorporación de Binance como aliado estratégico fortalece aún más este programa, sumándose a los esfuerzos conjuntos para combatir el lavado de dinero y el fraude.

Este tipo de ecosistemas de cooperación público-privada es crucial y marca una diferencia significativa en la velocidad y eficacia de la respuesta ante el crimen digital. La capacidad de entidades privadas, como emisores de stablecoins o exchanges, de colaborar con firmas de análisis de blockchain y autoridades, permite una detección y respuesta más ágil ante flujos de fondos sospechosos, facilitando la identificación y el bloqueo de activos ilícitos a una escala global.

Precedentes y el futuro de las sanciones

El caso de Tornado Cash en 2022 sirve como un precedente relevante en la estrategia de sanciones. Un estudio de la Reserva Federal de Nueva York señaló que la designación de este mezclador de criptomonedas resultó en una reducción drástica de su uso y diversidad de usuarios. Aunque una parte de los flujos ilícitos encontró otros canales con el tiempo, la medida demostró la capacidad de las sanciones para alterar significativamente las operaciones fraudulentas.

El patrón emergente es claro: las sanciones, cuando se acompañan de estrictos controles en plataformas de intercambio, emisores de stablecoins y servicios on-chain, generan un efecto compuesto mucho más potente que las medidas aisladas. Esta Estrategia integral busca cerrar las brechas que los ciberdelincuentes explotan, haciendo que cada etapa de sus operaciones sea más riesgosa y difícil de ejecutar, impactando no solo la infraestructura técnica sino también la cadena de suministro financiera del fraude.

Implicaciones y riesgos para el sistema financiero global

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha sido explícita en su advertencia: estas sanciones no solo buscan castigar a los perpetradores, sino también alertar a bancos y empresas fintech a nivel mundial. Las entidades no estadounidenses que mantengan relaciones indirectas con los sancionados se exponen a sanciones secundarias si sus operaciones, sin importar cuán indirectas, llegan a tocar el sistema financiero estadounidense.

Adicionalmente, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) ha propuesto designar al grupo camboyano Huione como una “preocupación principal de lavado de dinero” bajo la Sección 311 del USA PATRIOT Act. Esta medida, de ser aprobada, endurecería aún más el acceso de estos actores al dólar estadounidense, aislando efectivamente sus operaciones del sistema financiero internacional legítimo.

El FBI reportó pérdidas por 16.600 millones de dólares en 2024 debido a fraudes digitales, principalmente a través de esquemas de inversión y fraudes románticos. La asombrosa magnitud de estas estafas subraya la urgencia y la necesidad de estas medidas regulatorias y sancionadoras.

Además, se observa una tendencia global hacia un mayor control. Reguladores como los de Singapur, con su nueva Online Criminal Harms Act, ya están presionando a grandes plataformas digitales como Meta para que implementen controles antiestafa, lo que indica que la lucha contra el fraude trasciende lo meramente financiero para adentrarse en el ámbito tecnológico y comunicacional.

Las recientes sanciones de Estados Unidos a Myanmar y Camboya elevan el estándar de cumplimiento para todo el ecosistema financiero y de criptoactivos. Si bien los criminales continúan adaptándose, la combinación de sanciones coordinadas, monitoreo en tiempo real y cooperación internacional, como la lograda con iniciativas como T3+, tiene el potencial de cerrar brechas significativas y limitar la capacidad de los estafadores para explotar las stablecoins y otras herramientas digitales.

El desafío principal radica en mantener y fortalecer la coordinación entre reguladores, instituciones bancarias, plataformas de intercambio y emisores de stablecoins. Solo un frente unificado podrá frenar eficazmente un fenómeno transnacional que genera decenas de miles de millones de dólares anualmente, protegiendo así la integridad del sistema financiero global y la seguridad de los usuarios.