La defensa de la privacidad en cripto y el desarrollo de código abierto

La comisionada de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Hester Peirce, ha enfatizado la necesidad esencial de proteger los derechos de privacidad en el ámbito de las criptomonedas y fomentar el desarrollo de código abierto. Estas declaraciones surgen en un momento crucial, previo al esperado veredicto en el juicio del cofundador de Tornado Cash.

Peirce, reconocida por su postura favorable hacia las criptomonedas, ha sostenido que las autoridades estadounidenses deben acoger con beneplácito las innovaciones tecnológicas que resguardan la privacidad y, al mismo tiempo, asegurar el derecho de los individuos a la autocustodia de sus activos digitales. Durante su participación en la Science of Blockchain Conference, la comisionada subrayó la importancia de que legisladores y reguladores adopten medidas concretas para preservar la capacidad de las personas de realizar transacciones de forma privada y de desarrollar software que garantice la privacidad sin temor a repercusiones legales.

Una de las bases de su argumento se apoya en las recomendaciones de un reciente Grupo de Trabajo Presidencial. Este grupo sugirió que tanto ciudadanos como empresas de Estados Unidos deberían tener la libertad de poseer activos digitales y de utilizar tecnologías blockchain con propósitos legítimos. Asimismo, puso de manifiesto que los emprendedores y desarrolladores de software deben gozar de la libertad y de la certeza regulatoria necesarias para seguir mejorando todos los sectores de la economía mediante estas tecnologías.

El desafío del código abierto y la regulación

La comisionada Peirce ahondó en la naturaleza del software de código abierto, especialmente el inmutable y las implicaciones que tiene para la regulación. Señaló que mientras un intermediario centralizado o incluso una DAO que implementa una aplicación de finanzas descentralizadas (DeFi) puede incorporar restricciones de uso, un protocolo de código abierto inmutable está disponible para el uso de cualquier persona de forma perpetua. Por esta razón, intentar que cumpla con las medidas de vigilancia financiera es, en su opinión, infructuoso.

En este sentido, Peirce afirmó que los desarrolladores de software de privacidad de código abierto no deberían ser considerados responsables por las acciones de terceros que utilicen su código. Como respaldo, citó la reciente exhortación del expresidente de la SEC, Paul Atkins, quien pidió una vía regulatoria que permita a los desarrolladores liberar sistemas de software en cadena que no requieran la operación de ningún intermediario centralizado.

En su discurso, Peirce también cuestionó la práctica de solicitar a las empresas que recopilen y reporten información sobre otras, describiéndola como una práctica antitética a una sociedad libre. Argumentó que esto convertiría a los individuos en vigilantes de sus conciudadanos, y que no se debería obligar a un intermediario a involucrarse en transacciones entre pares.

Cabe destacar que, como un paso significativo en línea con estas preocupaciones, el Departamento del Tesoro de EE. UU. y el Servicio de Impuestos Internos (IRS) descartaron formalmente en julio una controvertida normativa criptográfica. Esta regla habría exigido que los exchanges descentralizados cumplieran con las obligaciones de declaración de información para corredores. La normativa, propuesta en noviembre de 2021 a través de la Ley de Inversión en Infraestructura y Empleos, buscaba cerrar la ‘brecha fiscal’ ampliando la definición de ‘corredores’ para incluir a los exchanges de criptomonedas y otros intermediarios, y requiriendo que las plataformas DeFi informaran sobre las transacciones de activos digitales y detallaran la información de los usuarios, incluyendo nombres y direcciones.

El precedente del veredicto de Tornado Cash

Las declaraciones de la comisionada Peirce cobran especial relevancia en vísperas del veredicto del juicio del cofundador de Tornado Cash. Este caso tiene el potencial de establecer un precedente negativo sumamente significativo para el desarrollo de software de código abierto y la innovación tecnológica. Diversos líderes de la industria han advertido que intentar responsabilizar penalmente a los desarrolladores de software por la forma en que terceros utilizan su código sentaría un precedente terrible y podría frenar drásticamente la innovación tecnológica en Estados Unidos.

Para comprender el contexto, es importante recordar que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó al mezclador de criptomonedas Tornado Cash en agosto de 2022. La causa fue la «incapacidad de imponer controles efectivos» para prevenir que actores maliciosos utilizaran el protocolo para lavar fondos, incluyendo 455 millones de dólares por parte del grupo norcoreano Lazarus.

A raíz de estas sanciones, Roman Storm, cofundador del protocolo, fue detenido en Washington en 2023. Se le acusó de conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para violar sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Storm se declaró no culpable de todos los cargos y fue liberado bajo una fianza de 2 millones de dólares, a la espera de su juicio que comenzó el 14 de julio y tuvo una duración de tres semanas. Si es declarado culpable, Storm podría enfrentar una pena de hasta 45 años de prisión, lo que subraya la gravedad de las implicaciones legales para el ecosistema de desarrollo de código abierto.