El impacto de la administración Trump en la regulación de activos digitales
Un informe reciente ha arrojado luz sobre el cambio significativo en la aplicación de la ley federal hacia las empresas de criptomonedas y tecnología durante la presidencia de Donald Trump. Este análisis detalla cómo un número considerable de compañías, especialmente del sector Web3, fintech e inteligencia artificial, se beneficiaron de una política de menor fiscalización. El estudio sugiere que esta reorientación no fue un hecho aislado, sino parte de una estrategia cohesionada, sustentada por una considerable inversión en contribuciones de campaña, que superó los mil millones de dólares.
La narrativa predominante indica que estas corporaciones lograron mitigar la presión regulatoria y, en algunos casos, influir en la reescritura de políticas federales para prevenir futuras acciones legales. Este fenómeno ha generado un debate sobre la posible conexión entre las aportaciones económicas y las decisiones políticas, levantando interrogantes sobre la transparencia en la interacción entre el poder ejecutivo y la industria tecnológica emergente.
La drástica disminución de la fiscalización federal en cripto
Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se observó una flexibilización notable en la supervisión de la industria de activos digitales. Reguladores federales, encargados de la supervisión financiera, han archivado decenas de casos de alto perfil que involucraban a empresas del ecosistema cripto. Esta tendencia ha suscitado preocupaciones sobre la capacidad futura de estas agencias para procesar nuevas infracciones, generando un ambiente de incertidumbre en el marco regulatorio.
Mientras que la percepción general apunta a una posible corrupción o influencia indebida, muchos observadores carecen de una visión completa de la situación. A menudo, la atención se centra en incidentes aislados y espectaculares, como el incremento patrimonial de figuras políticas vinculado a las criptomonedas, lo que podría desviar el análisis de datos concretos. Para contrarrestar esta falta de claridad y ofrecer una perspectiva basada en evidencia, la organización Public Citizen ha publicado un informe exhaustivo titulado “Trump’s War on Corporate Enforcement”, que detalla la estrategia de la administración para reducir la fiscalización regulatoria.
New @Public_Citizen report:
The Trump admin is deleting enforcement against Big Tech lawbreaking amidst the industry’s BILLION-dollar influence efforts.
Turns out in Trump’s techno-swamp, tech insiders are immune & «tough on crime» rhetoric is just for punishing the poor. pic.twitter.com/6x6gnMlh— Rick Claypool (@RickClaypool) August 13, 2025
Análisis de los números: la estrategia detrás de la desregulación
Una revisión más amplia de las políticas de Trump en relación con el sector cripto revela una campaña deliberada contra la aplicación de la ley federal. Según el informe de Public Citizen, las agencias reguladoras abandonaron acciones de cumplimiento contra 165 empresas desde las elecciones de 2024. Sorprendentemente, una cuarta parte de estas compañías pertenecían al sector tecnológico, con una destacada presencia de firmas de criptomonedas, fintech e inteligencia artificial. Esto posiciona a Web3 como uno de los mayores beneficiarios de esta política de desregulación.
La pregunta clave que surge es si esta situación constituye un acto de corrupción. Es importante recordar que la campaña de Donald Trump criticó abiertamente las políticas de aplicación de la ley de su predecesor, Joe Biden, prometiendo un entorno regulatorio más favorable para los negocios. Antes de su campaña de reelección, Trump no era un entusiasta de las criptomonedas, como lo demuestra su tweet de 2019:
I am not a fan of Bitcoin and other Cryptocurrencies, which are not money, and whose value is highly volatile and based on thin air. Unregulated Crypto Assets can facilitate unlawful behavior, including drug trade and other illegal activity….
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 12, 2019
Sin embargo, a medida que su campaña de reelección tomaba fuerza, la industria cripto se movilizó para respaldarlo. El informe señala que las contribuciones de campaña de la industria ascendieron a un mínimo de 1.200 millones de dólares. Destacados ejecutivos de empresas como Gemini se volcaron en exigir una menor fiscalización y han mantenido su influencia dentro de la administración Trump.
Este patrón se repitió en numerosas empresas. El informe completo, debido a su extensión, no puede ser analizado en su totalidad aquí, pero incluye numerosos ejemplos de interacciones específicas. En muchos casos, una empresa del sector cripto contribuía a la campaña de Trump, recibía un trato indulgente por parte de las agencias federales y mantiene conexiones activas con la administración hasta el día de hoy. Estos vínculos persistentes se consideran el mecanismo para bloquear futuras acciones de aplicación de la ley.
Las implicaciones a largo plazo de una nueva política regulatoria
Este enfoque basado en datos concretos permite comprender mejor la dinámica en juego. Decenas de empresas en diversas industrias se beneficiaron de una menor intervención. No obstante, el sector cripto, a través de sus donaciones a la campaña de Trump, lideró una estrategia integral contra la aplicación de la ley federal. La magnitud y el alcance de esta técnica son tales que revertir estos cambios podría ser un desafío considerable, incluso en un nuevo mandato presidencial.
Algunos observadores, con un matiz de cinismo, han llegado a afirmar que “el crimen ahora es legal” en ciertos ámbitos, y es comprensible por qué. Si bien muchos incidentes individuales pueden parecer sin precedentes, en conjunto configuran una estrategia de desregulación cuyo alcance es casi inaudito. Datos concretos como los presentados por Public Citizen son herramientas vitales para que los analistas y el público en general puedan formarse una imagen completa de este complejo panorama y entender las ramificaciones a largo plazo de esta reorientación política en la aplicación de la ley.
