La administración del ex presidente Donald Trump ha emitido una orden ejecutiva de gran alcance con el objetivo de salvaguardar a la creciente industria de los criptoactivos frente a lo que se percibe como prácticas bancarias injustas. Esta medida, anunciada por la Casa Blanca, busca desmantelar iniciativas que supuestamente habían marginado al sector de las finanzas digitales, una acción que ha sido bien recibida por defensores de la innovación en criptomonedas.
La orden ejecutiva se centra en abordar las preocupaciones expresadas por empresas de criptoactivos sobre la dificultad para acceder a servicios bancarios tradicionales. Durante años, diversas voces dentro del ecosistema digital han denunciado una supuesta operación encubierta, denominada por algunos como “Operation Chokepoint 2.0”, que, según ellos, limitaba el acceso de estas empresas al sistema financiero bajo el pretexto de riesgo o cumplimiento normativo.
Contexto de la orden ejecutiva: protegiendo el acceso bancario
La medida ejecutiva de Trump emerge en un momento en que la bifurcación entre el sistema financiero tradicional y el mundo de los criptoactivos se hace cada vez más notoria. A pesar del crecimiento exponencial y la creciente adopción de las monedas digitales, muchas empresas que operan en este espacio se han enfrentado a obstáculos significativos al intentar establecer relaciones con bancos y otras instituciones financieras. Este escenario ha generado frustración y ha impulsado llamados a una mayor claridad regulatoria y a la prevención de la discriminación bancaria.
La Casa Blanca ha enfatizado que la administración ya había tomado acciones para revertir lo que consideraban un tratamiento desigual hacia la industria de activos digitales. Esta orden ejecutiva es vista como una culminación de esos esfuerzos, proporcionando un marco más formal y explícito para asegurar que las empresas de criptomonedas puedan acceder a los servicios bancarios necesarios para operar y crecer.
Impacto en el ecosistema cripto y el sector bancario
La implementación de esta orden ejecutiva podría tener repercusiones significativas para la industria de los criptoactivos. Al garantizar un acceso más equitativo a los servicios bancarios, se espera que:
- Fomente la innovación: Las startups y empresas ya establecidas en el espacio cripto podrían sentirse más seguras para desarrollar nuevos productos y servicios sin el temor constante de ser “desbancadas”.
- Reduzca la incertidumbre: Una postura más clara del gobierno podría disipar parte de la ambigüedad regulatoria que ha plagado al sector, atrayendo a más inversores y talento.
- Promueva la legitimidad: Al facilitar la integración de las empresas cripto en el sistema financiero tradicional, se refuerza la percepción de legitimidad y madurez del sector.
Para el sector bancario, la orden podría implicar una necesidad de revisar y adaptar sus políticas internas. Si bien los bancos están obligados a cumplir con regulaciones estrictas de Antilavado de Dinero (AML) y Conozca a su Cliente (KYC), la orden ejecutiva busca evitar que estas regulaciones sean utilizadas como pretexto para negar servicios sin una justificación adecuada. Esto podría llevar a una mayor educación y a la implementación de soluciones tecnológicas que permitan a los bancos evaluar el riesgo de las empresas cripto de manera más precisa y eficiente.
Antecedentes de “Operation Chokepoint 2.0”
El término “Operation Chokepoint 2.0” se utiliza en el contexto de las criptomonedas para describir una serie de políticas y acciones, percibidas por la industria, que supuestamente dificultaron o restringieron el acceso de empresas legítimas de activos digitales a los servicios bancarios. Aunque no existe una operación oficial con ese nombre, la sensación de discriminación se ha mantenido en el sector.
Las preocupaciones se centran en que las instituciones bancarias, bajo presión regulatoria o por una aversión al riesgo, aplicaban estándares excesivamente estrictos o simplemente negaban servicios a startups y exchanges de criptomonedas. Los defensores de la industria argumentan que esto sofocó el crecimiento y la innovación, empujando a las empresas a buscar soluciones alternativas, a menudo menos transparentes.
La postura de la Casa Blanca al afirmar que “ya se puso fin” a esta dinámica sugiere un reconocimiento tácito de la existencia de tales prácticas discriminatorias y un compromiso gubernamental para corregirlas. Esta orden ejecutiva, por lo tanto, es un paso formal para asegurar que tales prácticas no se reanuden y que el sector de los activos digitales pueda operar en un campo de juego más equitativo.
Perspectivas futuras y cumplimiento
La efectividad de esta orden ejecutiva dependerá en gran medida de su implementación y del nivel de cumplimiento por parte de las instituciones financieras. Si bien una orden ejecutiva no es una ley aprobada por el Congreso, establece la política de la administración y puede guiar a las agencias federales en la forma en que supervisan y regulan. Es probable que se observe un escrutinio continuo por parte de la industria cripto para asegurar que los bancos respondan a estas nuevas directrices.
Además, esta medida podría sentar un precedente importante en la relación entre el gobierno de Estados Unidos y la industria de los activos digitales, señalando un posible cambio hacia una postura más acomodaticia y menos restrictiva, siempre dentro de los marcos de seguridad y cumplimiento normativo. La comunidad de criptomonedas aguarda con interés los efectos a largo plazo de esta iniciativa.
